El ministro de Medio Ambiente de Zimbabue, Oppah Muchinguri, anunció este viernes que la Fiscalía del país africano, por lo que tiene entendido, ha pedido a EEUU la extradición del dentista Walter Palmer, responsable de la muerte de Cecil el león.

Muchinguri ha declarado que Palmer violó la ley al financiar una cacería ilegal y debería ser extraditado “para enfrentarse a toda la furia de la ley” por este motivo, según ha hecho saber en una rueda de prensa acompañado del director de parques nacionales de Zimbabue, Edison Chidziya. Chidziya ha confirmado que los restos de Cecil fueron confiscados por las autoridades del país africano al tratarse de una cacería ilegal y que los cachorros del fallecido felino siguen con vida.

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176 mil firmas que exigen justicia

Por su parte, el Servicio Estadounidense de Pesca y Vida Silvestre (USFWS, por sus siglas en inglés) anunció este jueves que está investigando si la muerte del león Cecil fue parte de una conspiración para violar la ley de EE.UU. contra el tráfico ilegal de fauna.

Además, se puso en marcha una iniciativa ciudadana para pedir a la Casa Blanca que Palmer sea extraditado a Zimbabue. En pocas horas, la petición consiguió superar ampliamente el umbral de las 100.000 firmas que obligan a que el gobierno dé una respuesta.

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El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, deberá responder a los más de 176.000 ciudadanos que han firmado una petición de extradición del dentista que mató al león Cecil. La solicitud urge al secretario de Estado, John Kerry, a cooperar con las autoridades de Zimbabue para que Walter Palmer regrese a Estados Unidos y se enfrente a las leyes del país por haber terminado con la vida del felino protegido. Obama se comprometió a dar respuesta a las peticiones ciudadanas que superaran las 100.000 firmas, por lo que la de extradición cumple con el requisito y deberá ser abordada por la Casa Blanca. 

La investigación abierta en Estados Unidos se centra en averiguar si el caso se puede abordar como una posible violación de la Ley Lacey, que prohíbe el comercio de pesca, flora o fauna que haya sido muerta, transportada o vendida de forma ilegal.

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Inicia el proceso judicial

Por el momento, el proceso judicial por la muerte del león ya se inició en Zimbabue. Los fiscales imputaron al cazador profesional que supervisó el viaje de Palmer, Theo Bronkhorst, por matar a un león sin contar con la autorización necesaria para hacerlo. Bronkhorst compareció ante la corte el mércoles y salió bajo fianza de US$1.000. Si es hallado culpable, el cazador zimbabuense se enfrenta a una pena de hasta 15 años de cárcel.

La fiscalía está pendiente de imputar cargos contra un segundo sospechoso, Honest Ndlovu, propietario del terreno donde se produjo la muerte de Cecil y que se presentó ante el tribunal también este miércoles. “Todavía estamos esperando a que el Estado lo impute ya que aún no hay cargos formales contra mi cliente”, declaró el abogado de Ndlovu, Tonderai Mukuku.

Los rugidos de furor por la muerte del león Cecil también han llegado hasta Naciones Unidas. La Asamblea General del organismo aprobó este jueves una resolución con la que se pretende combatir de forma más efectiva tanto el tráfico ilegal de especies protegidas, incluida la caza furtiva.

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Amenaza para todos

Esta práctica “no solo amenaza especies y ecosistemas, también afecta el modo de vida de las comunidades locales y compromete los esfuerzos de erradicación de pobreza y el logro de un desarrollo sostenible”, dijo Denis Antoine, que representó durante la sesión al presidente de turno de la Asamblea General, Sam Kutesa.

La resolución “Lucha contra el tráfico ilícito de fauna y flora silvestres” insta a los Gobiernos a “reforzar la legislación necesaria para prevenir, investigar y perseguir ese comercio ilícito” y para que tipifiquen como “delito grave” el tráfico ilícito de especies protegidas.

El texto manifiesta expresamente una “seria preocupación por el aumento constante de la caza furtiva de rinocerontes y los alarmantes niveles de matanzas de elefantes en África, que ponen a esas especies en peligro de extinción a nivel local y, en algunos casos, de extinción a nivel mundial”. Antes de la votación, el ministro de Relaciones Exteriores de Gabón, Emmanuel Issoze-Ngonget, había afirmado que la caza ilegal constituye una “amenaza económica y social”. El comercio ilegal de flora y fauna salvaje llega a los 19.000 millones de dólares anuales y es ya el cuarto comercio ilegal del mundo, agregó.

Fuente: http://www.antena3.com, BBC Mundo, elpais.com, Agencias

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