La Fiscalía General de Venezuela informó que capturó a tres sujetos y emitió orden detención para otros tres, entre ellos dos funcionarios del Estado, por estar implicados en una red delictiva que sacrificó aproximadamente a 900 tiburones para vender de forma ilegal en el extranjero sus aletas.

«Para reunir 860 kilogramos de aleta de tiburón estas personas debieron sacrificar un aproximado de 900 tiburones de diferentes tallas (…) un delito internacional como es el tráfico ilegal de peces en peligro de extinción o en amenaza», indicó el fiscal general, Tarek William Saab en una rueda de prensa ofrecida en Caracas. Una resolución que data de junio de 2012, limita en Venezuela la pesca de tiburones, y prohíbe el aleteo.

Exportados a China

El aleteo es una cruel práctica que consiste en capturar al tiburón, una especie en peligro de extinción y necesaria para la preservación del ecosistema marino, cortarle las aletas y regresarlo aún vivo al mar, donde el animal muere desangrado. Esta actividad, al igual que la captura de erizos, caballos de mar y otras especies en peligro de extinción busca satisfacer principalmente el mercado asiático.

Se pudo constatar que este caso guarda relación directa con una investigación que se venía desarrollando en la Fiscalía 89ª Nacional en Defensa Ambiental, iniciada tras recibirse información oficial de la Autoridad Administrativa de la CITES  (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre) de Hong Kong.

Esta información refería la llegada a Hong Kong de una exportación de caballitos de mar y aletas de tiburón proveniente de Venezuela la cual iba amparada con un Registro CITES que presentaba irregularidades, debido a que no cumplía con los formatos internacionales necesarios para este tipo de exportación.

Crimen contra la naturaleza

Durante la fase de investigación adelantada por el MP, se comprobó la participación en varias exportaciones fraudulentas de la empresa Distribuidora KRM, empresa que era utilizada de fachada para pretender legalizar estos hechos delictivos que atentan contra los ecosistemas y la fauna marina en el país.

Saab informó que el cargamento incautado estaba valorado en 250.000 dólares, e indicó que se continúan realizando allanamientos en La Guaira para la desarticulación completa de esta banda.

Por este caso se emitió privativa de libertad a Moisés Echarry, Luis Capitillo y José Robaina, y una medida cautelar contra Gabriel McConlley, por contrabando agravado, asociación para delinquir, pesca ilícita y forjamiento de documento público, así como contra Francisco Pichardo y Carlos Romero, gerentes del Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura (Insopesca).

Fuente: https://mundo.sputniknews.com/, https://noticialdia.com/, Agencias


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