En América Latina y el Caribe se generan anualmente alrededor de 216 millones de toneladas de residuos sólidos municipales, según los datos actualizados de la División de Agua y Saneamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). De esta cifra, algo más de la mitad, el 52%, corresponde a residuos orgánicos, mientras que un 19% son materiales con gran potencial de ser reciclados, como papel, cartón, vidrio y metales, además de los plásticos, que representan el 12% del total.

Sin embargo, existe una escasa gestión diferenciada de las diferentes corrientes y fracciones de residuos, y solo el 4,5% se reciclan. En realidad, el 56% son enviados a rellenos sanitarios (vertederos controlados), mientras que cerca del 40% se disponen inadecuadamente en botaderos o vertederos a cielo abierto y con escaso control.

Se debe asegurar el cumplimiento de las normas

Todo ello pese a que en términos de prestación del servicio de recolección de residuos municipales, la Región cuenta con una cobertura nominal del 95% para el área urbana y del 76% para el área rural. En términos de gobernanza, existen desafíos en cuanto a la planificación de acciones concretas y realizables por gobiernos nacionales y municipales, y si bien en muchos países los municipios están obligados a elaborar planes de gestión de residuos, la implementación de estos no siempre está asegurada.

También se evidencian dificultades en la identificación y estructuración de soluciones técnicas que mejor se adecúen a las necesidades y capacidades de municipios y regiones. La Región necesita instrumentos regulatorios y al mismo tiempo fortalecer los organismos encargados de vigilar, monitorear y asegurar que las normas se implementen.

Asimismo, es hora de fortalecer el desarrollo de la reglamentación de la actividad de valorización de residuos -incluyendo aquí el reciclaje, el compostaje y la generación de energía-, al tiempo que se promueve la economía circular.

Riesgos para la salud pública

Los esquemas de responsabilidad extendida y/o compartida del productor están tomando cada vez más importancia en diferentes países, como Chile, Colombia y Uruguay, donde recientemente se han establecido obligaciones y metas de recuperación de envases a los productores y fabricantes. Pero se requiere también contar con sistemas de información de datos y cifras oficiales que faciliten el monitoreo y la evaluación de la gestión, así como el diseño y la medición del impacto de diferentes iniciativas y programas.

En cuanto a la gestión y financiación, es preciso asegurar la sostenibilidad financiera de la etapa operacional de los diferentes proyectos. Estudios recientes de la División de Agua y Saneamiento del BID destacan que, en la estructura de costos del servicio actual, el 15% está destinado a la inversión inicial (CAPEX), mientras que el 85% se dirige a la operación y mantenimiento (OPEX). Es necesario también mejorar los esquemas de cobro del servicio, considerando que actualmente, las tasas aplicadas cubren menos del 50% de los costos.

En lo que respecta a la sostenibilidad ambiental y resiliencia, la gestión inadecuada de residuos sólidos genera riesgos importantes para la salud pública, el ambiente y el desarrollo económico, con mayor impacto en poblaciones vulnerables y de escasos recursos. Aproximadamente, el 10% de las emisiones de CO2 equivalente de la región corresponden al sector de residuos sólidos y a los procesos industriales.

Territorios con vocación turística como playas, se están viendo fuertemente afectados por la creciente contaminación de residuos plásticos causada por la falta de una adecuada gestión de residuos sólidos municipales, especialmente en al interior de los territorios, cuyos residuos llegan a las costas y mares a través de los ríos. Adicionalmente, la pandemia por covid-19 ha incrementado el consumo de plásticos de un solo uso tanto en hogares como en servicios de salud, como consecuencia del uso de mascarillas, guantes y otro tipo de equipos de protección personal; asimismo, en algunos países, las medidas de prohibición de plásticos de un solo uso han sido, al menos, revisadas.

Soluciones disponibles

Si bien muchas de las estrategias y planes buscan reducir la cantidad de residuos sólidos llevados a disposición final, como lo son los programas de economía circular y consumo responsable, hay que atender las tareas pendientes y completar el cierre de vertederos a cielo abierto, así como garantizar la existencia de una base de infraestructura mínima que asegure la disponibilidad de una eliminación final adecuada de los residuos que no sean valorizados.

En este sentido, debe buscarse la regionalización de los sistemas de disposición final adecuada, con el fin de generar economías de escala que favorezcan la reducción de costos, siguiendo el ejemplo de la Unión Europea, Estados Unidos, Japón y Colombia. Para fomentar y fortalecer las actividades de valorización, es indispensable contar con incentivos que promuevan la creación y la consolidación de mercados para los recursos recuperados de los residuos.

La mejora de la gestión de residuos en la Región debe ir de la mano de la búsqueda e implementación de soluciones asociadas a la innovación, la tecnología y la eficiencia. Un mecanismo para lograrlo es hacerlo por medio de Cooperación Sur-Sur para identificar buenas prácticas, casos de éxito y fortalecer los programas de capacitación y formación del personal del servicio. Indudablemente otra parte fundamental, es la generación de cambios de comportamiento en productores y consumidores, para lo que se deben generar programas de incentivos, educación y sensibilización que den herramientas a la ciudadanía para contribuir activamente a la solución.

Fuente: BID, https://www.residuosprofesional.com/. Agencias


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