Más de 170 países miembros de la Convención de Basilea decidieron el pasado viernes en la ciudad colombiana de Cartagena prohibir la exportación de desechos peligrosos, en particular hacia países en desarrollo, para su manejo o eliminación.

A los que en su día ya habían apoyado la restricción de los movimientos transfronterizos de estos residuos, 51 naciones se sumaron en la última jornada de la Décima Conferencia de las Partes del Convenio de Basilea (COP 10), que se celebra desde el lunes.

Aún falta el apoyo de 17 países

Sin embargo para la entrada en vigor de esta enmienda, que busca proteger a los países en vías de desarrollo de la recepción de desechos peligrosos que no pueden procesar, quedaría pendiente el respaldo de 17 naciones.

“Por fin tenemos un acuerdo internacional para prohibir el comercio de desechos peligrosos de países desarrollados a países en vía de desarrollo de comercio de desechos, así sean desechos electrónicos o cualquier otro tipo de desecho peligroso”, dijo a la agencia EFE el director ejecutivo de la Red de Acción de Basilea, Jim Puckett.

“Éste es un gran logro al que se ha llegado hoy día para la justicia ambiental y global”, agregó Puckett. La enmienda, acordada en 1995, ha sido cuestionada y retenida por algunos países que se oponían a que entrara en vigor.

Sí o Sí

“En Europa ya fue aprobado que era ilegal exportar desechos peligrosos a países en vía de desarrollo. (…) El problema es que hubo unos países que no tomaron la misma decisión que la Unión Europea, que no prohibieron este comercio, como Australia, Canadá y Japón, pero hoy en día lo tienen que hacer”, puntualizó Puckett.

“En la Convención de Basilea el comercio ilegal es un delito, es un crimen por el cual las personas pueden ir a la cárcel”, indicó.

En el marco de la COP 10 se acogió también la Declaración de Cartagena, por la que los países se comprometen a fomentar estrategias para prevenir y minimizar la generación de desechos peligrosos y evitar, en última instancia, su eliminación.

El documento propone la recuperación segura y ecológica de los desechos peligrosos como una oportunidad para generar empleo, crecimiento económico y reducir la pobreza, siempre que se respete la Convención de Basilea, que se identifica como un instrumento jurídico mundial.

Fuente: EFE, Agencias

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