Con la declaración de la mujer que grabó las imágenes que mostraron el maltrato animal en el laboratorio Vivotecnia, se abre un nuevo capítulo en la investigación que busca esclarecer los sucedido en esas instalaciones.

El proceso se está llevando a cabo en el Juzgado de Colmenar Viejo, bajo secreto de sumario desde abril, cuando el escándalo estalló gracias a un vídeo de ocho minutos grabado por ella entre 2018 y 2020 y editado y publicado por la ONG Cruelty Free International (CFI). En él se mostraba cómo diferentes trabajadores maltratan a los animales con los que experimentaban, según reseña el Diario El País.

Manipulación de resultados de la experimentación

La Testigo aseguró que en el laboratorio, no solo había un “maltrato reiterado” hacia los animales, sino que además se manipulaban los resultados de los ensayos para aprobar estudios que después pasaban a una segunda fase de experimentación con seres humanos.

Como testigo protegida en esta fase de instrucción, Carlota Saorsa (el seudónimo con el que se le nombró) respondió durante cuatro horas desde un cuartel de la Guardia Civil. A varios kilómetros de allí, en Colmenar Viejo, los abogados de todas las partes implicadas, el fiscal de Medio Ambiente y la juez intentaron desgranar cada detalle a través de una videoconferencia con la imagen de ella bloqueada.

No solo le preguntaron por el vídeo de ocho minutos que se publicó en abril, también por otros 80 fragmentos, más de una hora y media extra de contenido, que la ONG entregó después, donde se pueden ver imágenes de animales desangrándose, enfermos, tratados con violencia, vejados y siendo parte de procedimientos dolorosos sin anestesia pese a ser obligatoria, según la legislación vigente. A algunos, de hecho, les llegan a realizar una necropsia cuando todavía siguen vivos.

Relato desgarrador

La historia de la imagen del perro de raza Beagle que aparece en el vídeo publicado por los medios de comunicación y que se encuentra junto a un charco de sangre encierra un trasfondo aún más preocupante. Según contó Saorsa, esa imagen la grabó después de que llegara un día a trabajar a las ocho de la mañana y lo viera desangrándose en el suelo de una sala. Avisó a sus superiores para que le atendieran, pero hasta las cinco de la tarde nadie se preocupó por el animal.

Cuando lo revisaron, le practicaron la “eutanasia compasiva” y fue sustituido por otro perro para continuar con el estudio en el que participaba. Pero el cambio de individuo no se registró en ningún sitio. En los datos finales del estudio aparecía anotado que el mismo animal había empezado y terminado el experimento, sin que se registraran las consecuencias adversas de los fármacos.

Ese ejemplo sirve para entender cómo funcionaba el laboratorio, según su relato. La consigna de los responsables de la empresa era clara: debían eutanasiarse el menor número de animales, pese a las enfermedades que desarrollaban, y se llegó a ocultar la sintomatología adversa desarrollada.

La técnico de veterinaria apuntó directamente a la cúpula de Vivotecnia, a quien responsabiliza de las imágenes que almacenó como pruebas de un delito en el que estaban implicados casi todos los trabajadores. Solo una persona, aparte de ella, levantó la voz y mostró claramente su disconformidad. El resto participaba de una u otra manera de esa cultura. Tanto es así, que cuando alguien se quejaba y alertaba de que se incumplía la normativa, recibía burlas de sus propios compañeros.

Ausencia de un comité de ética

Diferentes científicos consultados que investigan con animales explican que buena parte del control en los laboratorios recae sobre los comités de ética internos porque se hacen pocas inspecciones en España por parte de las comunidades autónomas, competentes en esta materia. Estos comités controlan y vigilan cuestiones, como que se limite el número de animales a los estrictamente necesarios, el manejo del dolor, el alojamiento o la eutanasia.

Saorsa insistió de nuevo en que los trabajadores no tenían conocimiento de la existencia de ese órgano y que no tenían a nadie a quien dirigirse para denunciar lo que pasaba. Por eso elevó verbalmente las quejas a sus superiores, que hicieron oídos sordos, más preocupados en imprimir un ritmo de trabajo alto para asumir más y más encargos. Las personas investigadas en la causa todavía no han prestado declaración. Por ahora Andrés König, el director general de Vivotecnia, y cuatro trabajadores están en el foco de la polémica por posible maltrato animal, un delito castigado con penas de entre tres meses y un año de prisión. La empresa se enfrenta a una sanción de entre 601 y 100.000 euros.

Katy Taylor, directora de ciencia de CFI, la ONG a la que Saorsa pidió ayuda y que dio a conocer los hallazgos sobre Vivotecnia insiste en que “lo que realmente importa aquí es responsabilizar a los culpables del abuso contra los animales, de las infracciones de la ley en las instalaciones y responsabilizar también a aquellos bajo cuya vigilancia se permitió que ocurriera ese abuso”.

Taylor defiende que la evidencia de las imágenes “es extensa e irrefutable” y por eso “se debe hacer justicia por los animales de entonces y por los que continúan sufriendo experimentos”. La empresa de 177 empleados facturó 8,6 millones de euros en 2020 y es una de las más importantes de España que trabaja con experimentación animal.

Fuente: https://elpais.com/, Agencias


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