Movimientos sociales, ecologistas chilenos y parlamentarios de la oposición anunciaron hoy la convocatoria de marchas y la presentación de recursos legales, incluso en instancias internacionales, para frenar la construcción de cinco represas en la Patagonia.

Los opositores al proyecto denunciaron, además, represión por parte de la policía en las manifestaciones celebradas ayer tras la aprobación del estudio de impacto ambiental (EIA) de HidroAysén, así como supuestos conflictos de interés de las autoridades involucradas.

5 represas

Este proyecto, ideado en 2006, supone la construcción de cinco represas en el cauce de los ríos Pascua y Baker, en la Patagonia chilena, con una inversión de 3.200 millones de dólares, para generar en total una media anual de 18.430 gigavatios por hora.

Tras la aprobación ayer del estudio en la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Aysén, a unos 1.800 kilómetros al sur de Santiago, esta tiene de plazo hasta el 16 de mayo para entregar la resolución de calificación ambiental a las partes involucradas.

Las organizaciones ecologistas y el consorcio HidroAysén, compuesto por Endesa, filial de Endesa España, y la chilena Colbún, tendrán treinta días para apelar esa decisión, que será resuelta por un consejo compuesto por los titulares de seis Ministerios.

Apelación

Para revertir esta decisión, los ecologistas recurrirán al consejo de ministros, aunque no tienen “mucha fe” en esa instancia, según dijo hoy a Efe Patricio Segura, del movimiento ciudadano Patagonia Sin Represas.

También sostendrán varias acciones legales, entre ellas las dos querellas contra dos organismos estatales presentadas antes de la aprobación del EIA. Según Segura, en ellos “los informes técnicos de los evaluadores fueron modificados por la autoridad política”. Además, acudirán a organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), de la que Chile es miembro desde hace un año.

Hasta las últimas consecuencias

En caso de que el consorcio empresarial gane todas las batallas legales, aún tendrá que cumplir con otros trámites administrativos para levantar estas centrales, como adquirir los derechos de agua u obtener el permiso ambiental para la línea de transmisión.

Este cableado tendrá una extensión de unos 2.000 kilómetros que atravesarán ocho regiones del país, y el consorcio prevé presentar su estudio de impacto ambiental en diciembre de este año. El ejecutivo explicó que el trazado inicial no pasa por parques nacionales, “aunque sí pasa por áreas silvestres protegidas y zonas de bosque nativo”.

Fuente: EFE, Agencias

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