Por: Julio César Centeno
Jcenteno@movistar.net.ve

Deuda ambiental

El Convenio Marco sobre Cambios Climáticos de la Organización de Naciones Unidas se refiere al año 1990 como el año base. Las emisiones correspondientes a ese año sirven como punto de referencia contra el que se miden los compromisos asumidos hasta la fecha, y contra el que la mayoría de los países proponen se continúen midiendo en el futuro. Es así como en 1997 el Protocolo de Kioto estableció como objetivo legalmente vinculante que los países industrializados deberían reducir sus emisiones en un 5% con respecto a las de 1990 para el quinquenio 2008-2012.

Durante este primer período de compromisos, con vencimiento a finales del 2012, el Protocolo de Kioto establece un compromiso vinculante de reducción de emisiones circunscrito sólo a países industrializados, debido a su desproporcionada responsabilidad en la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera, y a su mayor capacidad tecnológica y financiera para aportar soluciones.

En 1990, el año base, el cupo disponible de emisiones era de 1.600.000 millones de toneladas métricas equivalentes de CO2. Para entonces la población mundial se encontraba en un 80% en países en desarrollo y el 20% restante en países industrializados. Durante el período 1990-2010 se emitieron 750 mil millones de toneladas equivalentes de CO2 a la atmósfera, provenientes en un 56% de países industrializados.

Si se hubiese aplicado el concepto de justicia ambiental ya mencionado, las emisiones de los países industrializados durante el período 1990-2010 habría sido como máximo equivalente al 20% del presupuesto atmosférico utilizado en ese período, un máximo de 150 mil millones de toneladas equivalente de CO2. El exceso de emisiones por parte de los países industrializados, sólo durante este período de tiempo, supera los 220 mil millones de toneladas equivalentes de CO2.

Entre las propuestas en negociación se encuentra el reconocimiento de esta deuda ambiental, por el uso unilateral de un cupo atmosférico correspondiente a países en desarrollo. Si partimos de un precio promedio de US$ 20/ton CO2, sólo esta porción mas reciente de la deuda ambiental alcanzaría los 4.400.000 millones de dólares.


El Protocolo de Kioto

El Protocolo de Kioto es el único instrumento operativo del Convenio Marco sobre Cambios Climáticos. Establece como objetivo para el primer período de compromisos, definido como el quinquenio 2008-2012, una reducción promedio de 5% en las emisiones anuales provenientes de los países industrializados con respecto a las de 1990. Esta reducción corresponde al conjunto de países industrializados, identificados en el anexo 1 de dicho protocolo. Allí se definen los objetivos correspondientes a cada país o grupos de países: EUA: 7%, Canadá: 6%, Unión Europea: 8%. Se preveía también que algunos países sólo estabilizarían sus emisiones, como Rusia y Japón, mientras que otros podrían aumentarlas, como España y Australia.

El Protocolo de Kioto fue aprobado por los EUA durante la presidencia de Bill Clinton. Sin embargo, una de las primeras medidas de política internacional tomadas durante la presidencia de George W. Bush fue el desconocimiento de dicho compromiso.


Desde entonces, los Estados Unidos, el principal emisor de gases del efecto invernadero, se dedicó a sabotear dicho acuerdo internacional. Para el 2010, sus emisiones en lugar de reducirse en un 7% como originalmente fue previsto, aumentaron en un 17%. Estados Unidos se convirtió en un estado paria, cuyo comportamiento ha propiciado un duro golpe a un acuerdo internacional que proponía reducciones simbólicas en emisiones, prácticamente insignificantes ante el reto climático que enfrenta la humanidad.

Limitar el aumento de la temperatura promedio del planeta a no mas de  2ºC con respecto a la era pre-industrial para finales de siglo implica que las emisiones globales de los próximos 90 años (2010-2100) no pueden exceder los 850 mil millones de toneladas métricas equivalentes de CO2. Si se considera que las emisiones globales en el año 2010 superaron los 47.000 millones de toneladas equivalentes de CO2, un 34% superiores a las de 1990, se comprende la imperiosa necesidad de concretar un acuerdo internacional, legalmente vinculante, que facilite el esfuerzo coordinado por parte de todos los países del planeta para reducir las emisiones globales en al menos un 50% para el 2050, con respecto a las de 1990. La magnitud de este reto es particularmente significativa si se toma en consideración que para el año 2050 la economía mundial tiende a ser 4 veces superior a la actual, mientras que la población tiende a alcanzar las 10.000 millones de personas.


Considerando las responsabilidades acumuladas hasta la fecha, las diferencias en capacidad económica y tecnológica para reducir emisiones, la estrecha vinculación del desarrollo económico con el consumo de energía, y la predominancia del consumo de energía fósil alrededor del mundo, en las reuniones de Copenhagen y de Cancún se propuso que los países industrializados deben asumir el compromiso de reducir sus emisiones en al menos un 40% para el año 2020 y en al menos un 80% para el 2050, con respecto a las del año base. Esto le permitiría a los países en desarrollo alcanzar un pico en sus emisiones alrededor del año 2020, para luego reducirlas a aproximadamente el 40% de las emisiones de 1990 para mediados de siglo.

Sin embargo, Estados Unidos ofrece sólo compromisos voluntarios, no vinculantes, para reducir sus emisiones simbólicamente para el año 2020 en apenas un 5% con respecto a las de 1990. Mientras que Japón, Rusia y la Unión Europea ofrecen una reducción del 25% en sus respectivas emisiones para el año 2020 con respecto a las de 1990.


La propuesta de los países en desarrollo viene acompañada de aspectos complementarios: la transferencia de recursos financieros y tecnológicos de países industrializados a países en desarrollo para que estos puedan contribuir al alcance de las metas globales trazadas. Según la Agencia Internacional de Energía, se requieren al menos 600.000 millones de dólares anuales entre el 2010 y el 2020 para cumplir con los objetivos trazados, destacando: “Estas cifras son muy inferiores al costo de no actuar”.

Los países en desarrollo necesitan recursos tanto financieros como tecnológicos para asegurar que su desarrollo sea mas eficiente desde el punto de vista energético, para depender cada vez menos del consumo de energía fósil, para impulsar el uso de energías alternativas y para eliminar fuentes de emisiones particularmente destructivas y peligrosas, como las provenientes de la destrucción de bosques.

En los países localizados en la franja tropical del planeta, países en desarrollo, se destruyen mas de 10 millones de hectáreas de selvas naturales cada año. La deforestación representa con frecuencia mas de la mitad de las emisiones totales de CO2 provenientes de estos países. Detener este proceso suicida de devastación no sólo es necesario para reducir sustancialmente las emisiones de CO2 y otros gases del efecto invernadero. Es igualmente crucial para evitar la destrucción de la biodiversidad, la principal riqueza estratégica de generaciones futuras. La mayor parte de la diversidad biológica y genética del planeta se encuentra asociada a las selvas tropicales de América Latina, Asia y Africa.

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