Julio César Centeno
Diciembre 6, 2011

El Fondo Verde para el Clima

En las negociaciones previas en Copenhagen y Cancún se acordó la creación de un fondo de cooperación para impulsar las actividades de mitigación y adaptación al calentamiento global por parte de los países en desarrollo. Esta cooperación provendría de países industrializados y alcanzaría los 10.000 millones de dólares anuales durante el período 2010-2012. Luego aumentaría para alcanzar los 100.000 millones de dólares anuales para el año 2020. Sin embargo, en la práctica, la conformación de dicho fondo tiende a retrasarse y a convertirse en una promesa falsa adicional.

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), señaló que el Fondo Verde no debe convertirse “en un canasto vacío de promesas falsas” y pidió a las naciones desarrolladas que contribuyan con el 1,5 por ciento de su Producto Interno Bruto. La Agencia Internacional de Energía estima que se necesitan al menos 600.000 millones de dólares anuales entre el 2010 y el 2020 para atender las necesidades más urgentes creadas por el calentamiento global.

La constitución del fondo es objeto de discrepancias entre las economías industrializadas y los países en desarrollo, aunque es una de las principales tareas de la cumbre de Durban. En Cancún se designó un Comité de Transición para diseñar los mecanismos del Fondo, que canalizará aportaciones de países industrializados hacia países en desarrollo. Sin embargo, Brasil «no está satisfecho» con el informe del Comité pues teme que se «permita una disculpa para que los fondos no aparezcan».

El Comité propone, entre otros puntos, que el Banco Mundial actúe de administrador interino del Fondo, sujeto a una revisión tres años después. «No estamos contra el Banco Mundial, pero primero tenemos que resolver la estructura legal y operativa y la relación del Fondo con la COP (Conferencia de las Partes)”, señaló el delegado de Brasil.

Uno de los aspectos cruciales en disputa es el control de dicho fondo, dada la evidente intención de los países industrializados de ejercer dominio sobre las decisiones fundamentales involucradas, lo que expondría a los países en desarrollo a arbitrariedades comerciales y políticas similares a las ya existentes en otros mecanismos financieros, tales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y los bancos regionales de desarrollo. Otro aspecto relevante es la relación entre el Fondo Verde y la ya reconocida necesidad de transferencia de tecnologías menos contaminantes de países industrializados a países en desarrollo.

Otros exigen un fondo transparente y democrático, con intereses sociales y medioambientales. También se han denunciado las intenciones de Estados Unidos, Canadá, Japón y el Reino Unido de convertir el Fondo Verde para el Clima en un fondo corporativo.

El Fondo Verde fue concebido para transferir recursos de países industrializados a países en desarrollo, los más vulnerables al cambio climático. Pero algunos países industrializados proponen que corporaciones multinacionales puedan beneficiarse de este fondo. Estas corporaciones podrían acceder directamente a fondos públicos en detrimento de las estrategias nacionales de lucha contra el cambio climático de los países en desarrollo. Esto convertiría al Fondo Verde en un fondo corporativo, un inaceptable intento de secuestrar recursos destinados a apoyar a los países más pobres en su lucha contra el cambio climático.

Entre las posibles consecuencias se encuentra el desvío del fondo verde para subsidiar el desarrollo de tecnologías menos contaminantes, que luego sean protegidas por patentes a favor de empresas privadas. Las tecnologías que se desarrollen a partir del fondo verde deberían estar a la libre disposición de todos por igual.

También se ha cuestionado el papel otorgado al Banco Mundial para gestionar el Fondo, por su oscuro historial en la financiación de proyectos altamente contaminantes y destructivos, priorizando los beneficios corporativos e ignorando el impacto social y ambiental de las actividades que financia.

Un comité de alto nivel propuso establecer un impuesto de US$ 25 por tonelada a las emisiones de carbono provenientes del transporte marítimo y aéreo, lo que generaría unos 10.000 millones de dólares al año que se destinarían al fondo verde. Sin embargo, Estados Unidos se opone, destacando que los aportes deberían originarse prioritariamente en la iniciativa privada.

Unos 50.000 barcos de carga transportan el 90% del comercio de productos ente países. La mayoría consume bunker fuel, un combustible altamente contaminante. La organización marítima de las Naciones Unidas decidió el año pasado que todo nuevo barco de carga debe cumplir con estándares de eficiencia energética para reducir su contaminación.

A escasos días de concluir, las negociaciones de Durban sobre cambios climáticos sólo pueden producir limitados avances en el esfuerzo global por evitar una desestabilización irreversible del equilibrio climático planetario. En ningún momento se ha puesto en duda la amenaza climática, el calentamiento global ni su relación con la actividad humana. Las divergencias se circunscriben a la distribución de responsabilidades por la amenaza a que se encuentra sometida la comunidad internacional en la actualidad, la distribución e implicaciones de las emisiones inevitables de las próximas décadas, el control del fondo verde y el costo que inevitablemente deberán soportar los diferentes países durante el resto de siglo.

Durban promete concluir con acuerdos para continuar negociando, dilatando la concreción de un pacto global efectivo para reducir las emisiones de gases del efecto invernadero, y resaltando los escasos logros posibles en el enrarecido clima de negociación vigente. Una declaración final políticamente correcta resaltará algún limitado progreso sobre el Protocolo de Kioto, así como la operatividad del tan esperado Fondo Verde, aunque con recursos extremadamente limitados para el alcance de las metas trazadas.

Un acuerdo global efectivo para atender la amenaza climática sólo luce posible para finales de la década. Podría concretarse en el 2015 para entrar en efecto en el 2020. Para entonces los países en desarrollo se encontrarán con un escenario aún más restrictivo que el actual para superar la pobreza y satisfacer las necesidades más apremiantes de su población.

El retraso en la concreción de un acuerdo global sobre el calentamiento global beneficia principalmente a las economías más contaminantes y mejor dotadas tecnológicamente, al tiempo que reduce el espacio atmosférico y las opciones que requieren los países en desarrollo para superar sus vulnerabilidades más apremiantes.

Julio César Centeno
Diciembre 6, 2011
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