[dropcap]U[/dropcap]na manifestación de sectores opuestos a la producción de maíz transgénico en Costa Rica llegó a la Asamblea Legislativa de este país con el propósito de presentar en los próximos días un proyecto de ley que prohíba totalmente la producción de transgénicos en el país.

En conversaciones con diputados hablaron de crear un proyecto de moratoria por 15 años para la producción y siembra de transgénicos, dijo Mauricio Álvarez, presidente de la Federación Ecologista a la agencia Prensa Latina.

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Movilización social

El diputado José María Villalta, del partido Frente Amplio, aseguró estar convencido que el Estado costarricense no tiene ninguna capacidad de controlar el impacto que estas tecnologías tienen sobre el ambiente y la salud. En declaraciones a la prensa, el diputado consideró que es mejor esperar estudios que indiquen a ciencia cierta los riesgos de estos cultivos antes de dar los permisos necesarios para su producción.

A estas acciones se suman la difusión de mensajes y notas de opinión en las redes sociales, más manifestaciones y la declaración de más territorios libres de transgénicos, concertada con autoridades municipales.

La autorización de la gubernamental Comisión de Bioseguridad a la empresa transnacional agroindustrial Monsanto para producir maíz transgénico en Costa Rica fue el hecho que generó las movilizaciones sociales de protesta.

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Acción congelada

Las primeras acciones de la empresa para plantar transgénicos en Guanacaste fueron congeladas la semana pasada por un recurso de amparo presentado por Villalta ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. La acción de inconstitucionalidad es respaldada por organizaciones campesinas, ecologistas, indígenas y personalidades de un país donde hasta hoy 26 cantones se declararon libres de transgénicos.

El texto demanda declarar inconstitucional el reglamento del órgano fitosanitario, pues viola la participación ciudadana y el derecho a un ambiente sano, consagrados por la constitución de la República.

La admisión en la Sala Constitucional del recurso obliga a esperar por el fallo de esa instancia judicial, que deberá ser acatado por todos.

Fuente: Prensa Latina, Agencias

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