La Fiscalía de Mérida (Extremadura, España) ha completado su parte del proceso para apertura del juicio oral en un caso abierto por la muerte entre 2017 y 2019 de unos 40 perros con la petición que suma un total de más de 50 años de prisión para la veterinaria acusada. El Colegio de Veterinarios de Badajoz, una de las entidades que denunció el caso y se personó como acusación, ha detallado que la petición fiscal se calcula teniendo en cuenta el número de delitos que se le atribuyen a la presunta culpable de los sacrificios ilegales de animales, según informa el diario La Vanguardia.

En su acusación particular, el Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz pide para la veterinaria acusada un año y medio de prisión por falsedad documental; mientras que por la muerte de los perros, aprecia un único delito continuado de maltrato animal, por el que reclama un año de cárcel.

Los hechos ocurrieron durante más de 2 años

La organización Ecologistas en Acción, también representada en la causa, solicita tres años de cárcel por falsedad documental y considera que el delito de maltrato animal debe calificarse de continuado, con posible pena de 22 meses de prisión para cada acusado.

Los hechos denunciados se produjeron durante más de dos años y según las investigaciones del Seprona de la Guardia Civil se descubrieron hasta 39 presuntos delitos de maltrato animal con resultado de muerte, por los que la Fiscalía solicita para la veterinaria acusada, una pena de 15 meses de prisión y dos años y medio de inhabilitación por cada uno de ellos. Además, añaden que también se le acusa de un presunto delito de falsedad documental, por el que la Fiscalía reclama casi 3 años más de cárcel y una multa de 4.500 euros.

Los 11 propietarios de los perros sacrificados de forma ilegal han sido acusados, por su parte, de sendos delitos de inducción de maltrato animal, con petición de 15 meses de prisión en cada caso. Las acusaciones particulares las ejercen 7 entidades, entre ellas la Federación Extremeña de caza (Fedexcaza) y el Colegio de Veterinarios de Badajoz, que según apunta su presidente, José Marín, fueron los primeros en personarse.

Exigen que se haga justicia

“Este colectivo se desmarca por completo de la actuación de esa profesional que está en libertad provisional. Este colegio de veterinarios insiste en que su tarea fundamental es el bienestar animal, en cualquier situación, y exige que se haga justicia”, afirma el Colegio de Veterinarios de Badajoz, según destaca la web especializada Animal’s Health. El juicio, apuntan desde la entidad colegial, se celebrará, previsiblemente, a finales de este año.

El auto de la Fiscalía, según fuentes cercanas al caso, indica que ninguno de estos animales sacrificados padecía enfermedades que pudieran justificar su sacrificio ni alteraciones conocidas en su comportamiento. En la investigación tampoco se ha encontrado motivos, ni autorizaciones para la práctica de la eutanasia de los animales, más allá del deseo expresado por los propietarios de acabar con la vida de los animales debido, al parecer, a que ya no les eran útiles ara la práctica de la caza.

Uno de los primeros indicios de esta actuación ilegal se produjo al encontrarse en un descampado los restos de una perra muerta en avanzado estado de descomposición. En su chip informativo se indicaba que había fallecido por accidente, lo que llevó al Seprona a tomar declaración a su dueño, quien reconoció que el animal había sido sacrificado por la veterinaria mediante una inyección por la que pagó 15 euros. Al comparar las fechas y otros canes dados de baja por la misma profesional se llegó al resto de investigados.

Fuente: https://www.lavanguardia.com/, Agencias


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