El escándalo se destapó el pasado 8 de abril cuando The Guardian se hizo eco de una investigación realizada por Cruelty Free International (CFI) en el interior de los laboratorios de Vivotecnia ubicados en la Comunidad de Madrid. Fue una de las pocas veces en que una cámara conseguía grabar la violencia a la que son sometidos perros, monos, roedores y otros seres vivos en estos lugares.

La publicación mostraba imágenes inéditas y dolorosas, no sólo por el empleo de fuerza física, sino también por los comentarios de los empleados del centro. «Si te pones tonta te voy a apretar más fuerte, es lo que hay», decía un trabajador justo antes de inyectar una jeringuilla en los ojos a una coneja. «Como Hitler, pasajeros al tren», bromeaba otro mientras llevaba una caja llena de ratones.

Se desvanece la esperanza

Un mes después de que salieran a la luz los vídeos y fotografías, el conflicto sigue enquistado y los animales permanecen en el interior del centro de experimentación mientras activistas reclaman a la Administración madrileña su decomiso inmediato. A los pocos días de desvelarse estas prácticas, la Consejería de Medio Ambiente anunció la suspensión de la actividad investigadora del centro y daba esperanzas para que las autoridades liberasen a los cientos de animales del centro. Pero ese momento no ha llegado y no parece una realidad posible. Al menos a corto plazo, asegura el diario Público.

Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente confirmaron que los animales continúan en el interior de las instalaciones bajo tutela del veterinario de la Comunidad de Madrid. Esas mismas fuentes argumentan que las imágenes publicadas bajo la autoría de la ONG británica Cruelty Free International (CFI) demostraban evidencias de maltrato animal, pero que su grabación tiene más de un año de antigüedad por lo que, cuando las autoridades pudieron entrar en las instalaciones de Vivotecnia a realizar las inspecciones pertinentes no pudieron constatar que esas mismas prácticas se estuvieran produciendo en el presente.

«Muchos de los animales que salían en el vídeo ya no estaban allí y los que continuaban tenían un buen estado de salud», valoran. En ese sentido, el Ejecutivo autonómico señala al artículo 20 de la Ley 32/2007 sobre el cuidado de animales, el cual expone que las autoridades solo podrán requisar animales cuando acrediten que hay riesgo para su vida.

Falta de transparencia

No obstante, sobre ese mismo artículo de la ley se sustenta la actuación de la Comunidad de Madrid de suspender de manera cautelar la actividad científica del centro al entender que había riesgo para la vida de los animales. «Es un poco incongruente», opina Laura Duarte, presidenta del Partido Animalista-Pacma.

«Si la Comunidad de Madrid dice que la ley le impide decomisar a los animales porque no hay riesgo para su vida, ¿por qué mantiene cerrada la actividad del laboratorio? Si no hubieran detectado ningún problema habrían reanudado la actividad en el centro. Creo que se están intentando lavar las manos y esperar a que la Justicia sea quien decida», sostiene la animalista, cuyo partido se ha personado junto a otras organizaciones en un procedimiento penal contra la empresa.

Carlos Contreras, miembro de INTERcids y abogado de Cruelty Free International, considera que la Administración madrileña está siendo «juez y parte» al mismo tiempo. «La Comunidad de Madrid era responsable de realizar inspecciones periódicas en ese laboratorio y por eso es cómplice de la situación que se denunció, por falta de vigilancia y de supervisión», advierte, para argumentar que desde el ámbito administrativo el Gobierno de Díaz Ayuso tiene competencias suficientes para «proceder al decomiso de los animales». El letrado expone, no obstante, que el procedimiento tiene un ámbito penal que está en manos del juez de instrucción de Colmenar Viejo, quien también «podría decretar» que se liberasen los animales.

Para Duarte, la forma de actuar que está teniendo la Comunidad de Madrid es «un síntoma» de esa falta de transparencia que hay en esta industria de experimentación, «un mundo turbio». La presidenta del partido animalista argumenta que «toda esta experiencia refuerza aún más la idea de que lo que ocurre en el interior de los laboratorios es opaco para la opinión pública». «No dan información y puede ser entendible que lleven todo a un nivel interno, pero nosotros hemos solicitado personarnos en el expediente administrativo para poder tener acceso a más información y no hemos obtenido ninguna respuesta por parte de la Comunidad», informa la política.

Fuente: https://www.publico.es/, Agencias

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