Con la aprobación de la Corte Constitucional, por fin está vigente el tratado internacional que busca acciones concretas frente a este metal contaminante en Colombia. Más de 95 países lo han ratificado en el mundo.

La bahía de Minamata en Japón es tristemente célebre por ser el lugar donde por primera vez se evidenciaron las graves consecuencias para la salud que genera el mercurio y cómo su contaminación se da a través de la cadena alimenticia. Se trató de un problema de salud pública nunca antes documentado y que hoy le da su nombre al convenio que busca soluciones frente a esta amenaza silenciosa.

Colombia es el país que más mercurio per cápita libera al ambiente en el mundo, con 75 toneladas cada año. Si bien China e Indonesia nos llevan la delantera en cantidad, 445 y 145 toneladas anuales respectivamente, los riesgos en nuestro país son alarmantes teniendo en cuenta el tamaño de nuestra población. Aunque la cifra fue calculada antes del inicio de la prohibición de su uso en la minería, vigente por ley a partir de este año, demuestra por qué era tan urgente la ratificación del Convenio.

Después de pasar cuatro debates en el Congreso de la República, de ser sancionado por el presidente, la Corte Constitucional le dio su visto bueno a este Convenio que busca regular las emisiones y liberaciones de mercurio en el mundo y enfrentar sus amenazas. Este instrumento nos permitirá aprovechar la experiencia, capacitación, tecnología, recursos humanos, financieros y técnicos internacionales que son necesarios para hacer frente a la amenaza global de este metal.

Si bien este elemento seguirá estando presente en el planeta como parte de las erupciones volcánicas, como un componente del carbón y en otros procesos naturales, se busca que no haga parte de las actividades humanas como la extracción de oro, ni se produzcan elementos con mercurio añadido, como los termómetros o los bombillos fluorescentes.

Aunque es un gran logro que los países decidan hacer frente al mercurio de manera coordinada y colaborativa, impulsados con un fondo específico de recursos que prevé el Convenio, el camino por recorrer es desafiante. No sólo se trata de las reglamentaciones internas que cada país debe tramitar, las reconversiones tecnológicas que deberán incorporar las industrias, sino también de manejar los sitios contaminados, tratar a quienes ya están afectados en su salud e incluso luchar contra economías ilegales que utilizan el mercurio en la extracción del oro.

Vale la pena recordar que la recuperación ambiental de zonas contaminadas también dependerá de que el país avance en la expedición de la ley de pasivos ambientales que, actualmente está en trámite en el Congreso, y que permitirá identificar las zonas más degradadas ambientalmente, establecer responsables y destinar recursos para la recuperación de estas áreas.

Este último, es uno los desafíos más relevantes, pues se trata de evitar que toneladas de mercurio sean vertidas a los ríos, afectando la flora, la fauna y en general todos los ecosistemas a su paso hasta llegar al mar, y con esto a todas las comunidades ribereñas de pescadores, además de todos los consumidores de pescado. Una grave problemática que ya afecta a regiones como la Amazonia, como lo demuestra un reciente estudio publicado por El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF): ‘Ríos sanos, gente sana’.

El Convenio de Minamata debe convertirse en una herramienta para el Gobierno que inicia y para las autoridades, pues permite asegurar controles a la importación del metal y de productos con mercurio añadido y tener veeduría internacional para eliminar su uso. Todo ello se necesita con urgencia.

El desafío no sólo consiste en eliminar el uso de este contaminante, un paso fundamental, sino saber qué hacer con las consecuencias de su contaminación, pues el mercurio no tiene ninguna función fisiológica para el cuerpo humano y en cualquiera de sus formas es tóxico para los organismos vivos y el ambiente.

Fuente: http://www.wwf.org.co/, Agencias

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