En medio de una crisis hídrica sin precedentes en Chile, la consagración del acceso al agua como un derecho de todos los ciudadanos centra hoy la atención de la ciudadanía. Recientemente, el Senado aprobó por unanimidad la idea de legislar un proyecto que lleva alrededor de una década en el Congreso Nacional, de reforma del Código de Aguas vigente desde 1980.

La propuesta busca establecer el derecho esencial al agua, dar seguridad jurídica al ejercicio del derecho humano de acceso al agua potable y saneamiento, y reafirmar el carácter de uso público del agua. Asimismo entre sus objetivos se plantea establecer nuevas regulaciones, para la concesión, uso y extinción de los derechos de aprovechamiento de aguas y brindar protección a la preservación del líquido en los ecosistemas terrestres.

Freno al proyecto de ley

En declaraciones recogidas por cooperativa.cl, el senador Alfonso de Urresti, uno de los promotores de la iniciativa en sus orígenes consideró que la votación es un avance, aunque ‘no es todo lo que quisiéramos’. Añadió que existe una consolidación del criterio de que el Código de Aguas de 1980 ‘no está a la altura’, no sólo por la escasez hídrica, sino por el uso que se le da a esa vital recurso.

No obstante, al proyecto le resta un largo y escarpado camino pues los senadores respaldaron la idea de legislar y ahora el texto deberá ser discutido en su articulado. Para ello ahora las comisiones de Recursos Hídricos y de Hacienda de la Cámara Alta deberán analizar las indicaciones que presenten los legisladores y el gobierno, que durante años no ha mirado con buenos ojos la propuesta que afecta a grandes intereses empresariales.

La semana pasada, cuando comenzó la discusión en general de la reforma, el senador Claudio Alvarado, del derechista partido Unión Demócrata Independiente, señaló que el Gobierno ingresaría una serie de indicaciones para ‘perfeccionar’ el proyecto. Pero analistas consideran que desde las posiciones gubernamentales el término perfeccionar pues significar limitar de alguna forma el alcance de esa legislación sobre todo en lo referente a la liquidación de la propiedad privada sobre el agua y convertir en un bien público.

Ello podría conducir, afirman, prolongar aun más los debates sobre el tema, retrasar la aprobación del proyecto e incluso lastrarlo en su contenido.

Fuente: https://www.prensa-latina.cu/, Agencias


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