Por Fernando Vicente Prieto*.

Viene de la Primera Parte

[dropcap]L[/dropcap]a excelente relación en el plano internacional, contiene a diferentes proyectos estratégicos a lo interno de cada país, donde el modelo productivo agropecuario adquiere características muy diferentes, de acuerdo a cada proceso. En los últimos diez años, la mayor parte del continente pasó de la resistencia al avance en los mecanismos de integración.

Después de la Campaña No al Alca y especialmente, del rechazo de los presidentes en 2005 en Mar del Plata -donde Chávez, Néstor Kirchner y Lula jugaron un papel central ante George W. Bush-, se fortalecieron en general los espacios de unidad, conteniendo a diferentes proyectos económicos en una acción común en el plano internacional.   Con un pasado y un horizonte común como marco general, la alianza política integracionista se estableció en base a una aspiración de mayor autonomía y a una recuperación de la memoria histórica y la conciencia de la unidad. Esto permite la coexistencia –e incluso el franco apoyo- entre proyectos locales que se necesitan mutuamente, más allá de sus matices, por destino histórico y por coyuntura económica.

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Diferencias estratégicas en un campo fundamental

Una de las diferencias entre Venezuela y los países del Cono Sur se puede medir en el grado de inserción de las trasnacionales en la economía local; y también en su contrapartida: el control estatal y popular de la economía. En el marco de una ofensiva de las trasnacionales a nivel mundial -y en particular por los recursos naturales de América Latina-, la producción agropecuaria es un campo clave en la disputa por el territorio. En esta opción se dividen las aguas a nivel interno.

Con sus contradicciones y limitaciones, que se encuentran en pleno debate, Venezuela se orienta principalmente a una economía que prohíbe los transgénicos. Desde el gobierno y desde el pueblo se comienza a promover una cultura ecosocialista, inspirada en el V Objetivo Histórico del Plan de la Patria, la plataforma política y electoral para el 2013-2019 elaborada por Chávez y asumida por el gobierno de Maduro.

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En Brasil, el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) expresa su apoyo a Dilma, pero al mismo tiempo expresa una dura crítica al nulo avance de la reforma agraria durante su gobierno, e impulsa acciones directas frente a terratenientes y empresarios del agronegocio, uno de los sectores que más ha crecido en la última década.  En Paraguay el poder del latifundio y el agronegocio es total. La población campesina es reprimida una y otra vez. Curuguaty no sólo fue el incidente que dio la oportunidad para destituir a Lugo, también es una muestra viva de la injusticia que persiste.

En Uruguay, el crecimiento de la soya se suma al del monocultivo de eucaliptus. Recientemente el Congreso sancionó una ley que prohíbe a Estados extranjeros comprar grandes cantidades de tierra. De todos modos, los particulares extranjeros siguen invirtiendo en esos suelos todavía cargados de agua y posibilidades de vida.   En Argentina, desde hace dos años la ofensiva de Monsanto y las restantes trasnacionales -Cargill, Dreyfuss, Syngenta, Nidera, entre otras- se ha concentrado en lograr una ley de Semillas a su medida. En agosto de 2012 el ministro de Agricultura, orberto Yauhar, anunció junto al vicepresidente de Monsanto, Pablo Vaquero, que se impulsaría una nueva norma, para “resguardar la propiedad intelectual” de los inversores. Poco después se filtró el proyecto de ley, de carácter secreto, y comenzó el debate en la sociedad. En un contexto de elecciones de medio término, que tuvieron lugar en 2013, el proyecto fue congelado.

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Pero ahora vuelve a la carga, la ley de Semillas “Monsanto”

En estos momentos, las empresas del agronegocio, junto al Ministerio de Agricultura, trabajan en un nuevo proyecto de ley de Semillas, de similares características al que se venía cocinando en 2012, y la especulación es que se intentará aprobar en este segundo semestre. Nada de esto, de todos modos, ocurre sin resistencia.  Desde hace años, las Madres de Ituizangó, en la provincia de Córdoba, luchan contra las consecuencias para la salud que tienen los agrotóxicos. Y a pocos kilómetros de allí, en Malvinas Argentinas, resisten la instalación de la planta más grande de Monsanto en América Latina. En los últimos meses se ha activado la Campaña “No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina”, impulsada por varios movimientos populares.  

“Entendemos que el debate en torno a ley de semillas es un debate profundamente político, que está enmarcado en una discusión más amplia que tiene que ver cuál es el modelo agrario que estamos construyendo, para qué proyecto de país”, sostuvo Tamara Perelmuter, consultada por Notas.

[quote]“La nueva legislación apunta claramente a reglamentar y restringir el denominado ‘uso propio’. En este sentido, una de las consecuencias más importantes que tendrá es el impacto directo en los derechos de los productores agrarios a guardar, conservar, intercambiar y reproducir sus propias semillas. De esta manera, el proyecto de ley pone a los productores agrarios como simples ‘usuarios’ de sus propias semillas, cuando durante miles de años fueron (y aún lo siguen siendo), productores y reproductores de las mismas”, agrega la integrante la Campaña No a la nueva ley Monsanto de semillas”.[/quote]

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La propuesta mantiene (y profundiza) la política en torno a la fiscalización de las semillas. Y lo más grave es que avanza en torno a la penalización, al plantear que quien use una semilla sin la autorización de quien detenta el derecho de propiedad intelectual –es decir, las grandes corporaciones- puede ser penalizado hasta el grado de quedar excluido de la lista de inscripción como agricultor. De esta manera, sólo existe aquello que esté registrado o protegido con derecho de obtentor. No existe la posibilidad del intercambio de la semilla por fuera de ese circuito. Todo lo que no está registrado es ilegal.

Y eso ilegaliza gran parte de las semillas que forman parte de nuestra diversidad agrícola. Y también ilegaliza a gran parte de nuestros productores, sobre todo campesinos e indígenas, concluye. Pese a las filtraciones e informaciones que circulan por aquí y por allá, el borrador del proyecto está guardado bajo siete llaves: los intereses son muchos. Casi el 70% de las exportaciones argentinas son materias primas, combustibles y manufacturas de origen agropecuario. El mayor rubro lo provee precisamente el complejo oleaginoso (soya: 84%, girasol: el resto), que representa más del 25% de las exportaciones totales y está dominado por las corporaciones y sus socios locales, presentes en más de un partido político.   Mientras tanto, el pueblo crea conciencia sobre los proyectos en pugna.

No son pocos los que, en este camino, miran con admiración el proceso que se está dando en Venezuela en torno a la ley de Semillas, de características diametralmente opuestas. A nivel global, la disputa por las semillas se inscribe entre un intento de dominación que no es sólo económica, sino también militar y cultural; y un nuevo intento de independencia de América Latina. Se trata de una pelea global de larga duración, pero que se juega en cada hora: en cada ley, en cada política.  

*Periodista argentino. Corresponsal en Caracas de Notas – Periodismo Popular y colaborador en otros medios de comunicación.

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