El asesinato de la activista ambiental hondureña, Berta Cáceres, fue organizado cuatro meses antes, presuntamente por agentes estatales y jefes de la empresa constructora Desarrollos Energéticos (DESA), según el informe presentado esta semana por el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (Gaipe).

En el documento se identificaron a los “posibles autores intelectuales” del asesinato, diferentes a los ocho acusados. El informe fue basado en decenas de entrevistas, archivos judiciales y en el acceso parcial a las pruebas provistas por investigadores del Gobierno, según Gaipe.

Investigación independiente

“La prueba existente es concluyente respecto de la participación de numerosos agentes estatales, altos directivo y empleados de DESA en la planificación, ejecución y encubrimiento del asesinato”, indicaron los abogados en el informe. Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016 por hombres armados que irrumpieron durante la noche en su casa, en el departamento de Intibucá, al occidente del país.

La activista lideraba movilizaciones contra la construcción de una represa hidroeléctrica sobre el río Gualcarque, en la jurisdicción de Río Blanco. Los abogados de Estados Unidos (EE.UU.), Colombia y Guatemala iniciaron la investigación independiente a petición de la familia de la activista hondureña y de su agrupación, Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).

Por su parte, la empresa constructora Desarrollos Energéticos (DESA) ha negado en reiteradas ocasiones su participación en el asesinato de Cáceres. Según el vocero del Ministerio Público de Honduras, Yuri Mora-Carias, los ocho acusados detenidos son los presuntos autores materiales del hecho, ya se ha recuperado el arma homicida y la investigación sigue abierta, reseñó AP.

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“No es una sorpresa”

Sobre la investigación llevada por el Estado, en el informe se califica de “insuficiente e incompleta” y critica a las fuerzas de seguridad hondureñas por no proteger a Cáceres pese a conocerse el riesgo que corría su vida.

Berta Zúñiga Cáceres, una de las hijas de la dirigente ambientalista, dijo que para su familia “no es una sorpresa” lo que señala el informe presentado por el Grupo Internacional de Personas Expertas (GAIPE). “Siempre dijimos que nuestra principal sospecha provenía de una autoría intelectual de ese lugar (de la Empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima), siempre hemos pedido una investigación”, señaló la joven, que asistió a la presentación del informe junto a dos de sus hermanas y su abuela, Berta Flores.

Destacó que el informe revela “una evidencia tan clara que demuestra la participación de cada uno y describe el ‘modus operandi’ de directivos de la empresa articulados con funcionarios del Estado” en el crimen de su madre. El informe, titulado Represa de Violencia: El plan que asesinó a Berta Cáceres, señala que el crimen “fue producto de un plan estructurado por altos directivos de DESA, quienes involucraron a empleados de la empresa en acciones de seguimiento y vigilancia” de Cáceres y miembros del Copinh.

Amenazas que se hicieron realidad

Los empleados de DESA actuaron en “alianza con fuerzas de seguridad del Estado y estructuras paralelas a las fuerzas de seguridad del Estado (de Honduras)”, añade. La hija de Cáceres dijo que espera que las autoridades hondureñas procedan con “la captura, enjuiciamiento y condena de los autores intelectuales” porque, según el informe internacional, “hay suficiente pruebas para hacer ya mismo detenciones”.

Destacó que su familia ha reclamado “la responsabilidad” del Estado hondureño por no haber protegido a su madre, quien gozaba desde 2009 de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) después de haber denunciado amenazas de DESA por haber encabezado movilizaciones contra la construcción de una hidroeléctrica.

“Hemos reclamado la responsabilidad del Estado por el deber de protección, ella tenía medidas cautelares y esta omisión fue muy propicia para que se ejecutará el crimen”, subrayó. El Ministerio Público de Honduras “no ha tenido la voluntad de hacer justicia completa y, por contrario, ha tratado de encubrir a los poderosos involucrados”, dijo en su discurso Berta Flores, madre de Cáceres.

Denunció que el poder político de su país “interfiere para proteger la autoría intelectual de este repudiable crimen”, y exigió que “se capture y castigue con todo el peso de la ley a los asesinos de mi hija”. El crimen de Cáceres no es un hecho “casual”, sino el resultado de una “planificación” de ejecutivos de DESA, responsable de la hidroeléctrica Agua Zarca, dijo el abogado guatemalteco Miguel Ángel Urbina, miembro de GAIPE.

Fuente: https://www.telesurtv.net, http://www.20minutos.es, Agencias

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