El Tribunal Constitucional anuló este jueves la ley del Parlamento catalán que prohibió las corridas de toros en Cataluña en 2010. Los magistrados consideran que ese veto invade competencias estatales ya que el Gobierno central declaró la tauromaquia patrimonio cultural inmaterial en dos leyes de 2013 y 2015 que no fueron recurridas. La sentencia, que todavía no ha sido notificada, asegura que Cataluña tiene atribuída la potestad para regular los espectáculos públicos y para proteger a los animales, pero esa competencia autonómica no puede invadir las estatales en materia de cultura, aseguran fuentes jurídicas. 
 

El recurso de inconstitucionalidad contra la ley catalana fue presentado en 2010 por el grupo catalán en el Senado. El Constitucional anula seis años después el artículo primero de la Ley de Protección de Animales reformada ese mismo año para incluír la prohibición de las corridas. El recurso aseguraba que ese veto conculcaba varios derechos, entre ellos el de la educación, el del acceso a la cultura y la obligación de los poderes publicos de enriquecer el patrimonio histórico, además de la distrubución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas.

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Jueces taurinos

La decisión, que se ha adoptado por mayoría y de la que ha sido ponente la magistrada catalana Encarnación Roca, se basa, según fuentes jurídicas en este último argumento, que la prohibición catalana vulnera el acuerdo estatal de declarar los toros patrimonio inmaterial adoptada por dos leyes de 2013 y 2015. Si esas leyes no se hubieran promulgado, la prohibición, según los magistrados, podría haber salido adelante, ya que Cataluña tiene la competencia de protección de animales y regulación de espectáculos públicos. La resolución ha contado con los votos a favor de ocho magistrados, tres se han mostrado en contra -la vicepresidenta, Adela Asua, Fernando Valdés y Juan Antonio Xiol- y se ha anunciado un voto particular de estos últimos.

La resolución considera que la ley catalana “ha menoscabado” la competencia del Estado para “la preservación del patrimonio cultural común”. El tribunal explica que el artículo recurrido, el primero, se inscribe tanto en el ámbito de la protección de los animales como en el de la regulación de los espectáculos públicos, materias cuya competencia corresponde a la Generalitat. Pero, según los magistrados, el ejercicio de esas competencias debe “cohonestarse” con las que la Constitución reserva al Estado; por esta razón, la norma impugnada debe ser analizada bajo el prisma de los artículos relativos a las competencias de defensa del patrimonio cultural y de seguridad pública.

Respecto a la materia de seguridad pública, los magistrados aseguran que “no cabe duda”, de que la comunidad autónoma ostenta competencias en materia de “policía de espectáculos”, una materia que es diferente a la de seguridad pública atribuida por la Constitución al Estado. En consecuencia, el ejercicio de dicha competencia por Cataluña podría incluir “la facultad de prohibir determinado tipo de espectáculo por razones vinculadas a la protección animal”. Sin embargo, según la sentencia, el ejercicio de dicha facultad “ha de cohonestarse con las que, en esa materia, estén reservadas al Estado, que no pueden verse perturbadas o menoscabadas”.

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Desobediencia civil

Por su parte la alcaldesa de Barcelona aseguró este jueves en su cuenta personal de twitter que “Barcelona es una ciudad antitaurina desde 2004” en respuesta a la reciente decisión del Tribunal Constitucional sobre la prohibición de los toros. En ese mismo tuit, la alcaldesa ha asegurado que “diga lo que diga el TC haremos cumplir las normativas que impiden el maltrato animal”.

El conseller de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull, ha sentenciado que “no volverá a haber corridas de toros en Cataluña diga lo que diga el TC” y que recurrirán a todos los mecanismos que tienen a su alcance para imposibilitarlo”.

En declaraciones en los pasillos del Parlament, ha explicado que el Govern desplegará todos los mecanismos normativos para hacer prevalecer “la voluntad del pueblo de Cataluña” expresada en el Parlament, y ha avisado de que disponen de capacidad reguladora para imposibilitar que se celebre de nuevo este espectáculo.

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Recursos legales contra la barbarie

Al preguntársele qué pasaría si un empresario quisiera celebrar ahora una corrida de toros en Cataluña, el conseller ha asegurado que tienen herramientas desde el Govern, y también a nivel municipal, “para hacerlo imposible” y que las aplicarán con convicción y rotundidad.

“¿Por qué cuándo Canarias legisló en este sentido no se tomó ninguna decisión? Hay una voluntad política evidente y clara” en el caso de Cataluña, ha recalcado Rull, que el miércoles se reunió con la plataforma Prou, junto con otras organizaciones de Europa vinculadas con la defensa de los derechos de los animales y que tienen más de 20 millones de afiliados.

Queremos un país donde no sea posible hacer un espectáculo público de la muerte y el sufrimiento de un animal. Cataluña dijo no y continuará diciendo no”, ha expuesto Rull, tras recordar también que la ley catalana nació de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con más de 180.000 firmas. El diputado del PSC Jordi Terrades también ha asegurado que los socialistas catalanes “acompañarán” al Govern en la búsqueda de “vías legales” para “impedir” que las corridas de toros vuelvan a Cataluña.

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Sabotaje al Parlamento de Cataluña

El PSC, ha explicado Terrades, “no comparte” la decisión del TC porque ya daba este debate “por cerrado” en Cataluña, ya que “la inmensa mayoría de los ciudadanos” no suscriben los espectáculos taurinos que implican la muerte del animal. Los socialistas ya han trasladado al conseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Josep Rull, que “acompañarán al Govern” en la búsqueda de fórmulas jurídicas que “hagan imposible” que vuelvan las corridas de toros a tierras catalanas.

El secretario de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvadó, ha censurado este jueves la decisión del Tribunal Constitucional (TC) asegurando que “es obvio que el TC nunca pierde una oportunidad para agredir la legitimidad del Parlament”. Lo ha dicho en declaraciones a los periodistas desde los pasillos de la Cámara catalana tras la admisión a trámite de la segunda de las leyes de ‘desconexión’: “Estamos ante una agresión que no es sorprendente. Entra dentro de lo habitual y de lo que estamos viviendo cada día”.

Para Salvadó, que también es secretario general adjunto de ERC, la decisión del TC busca poner en cuestión la autoridad de los parlamentarios catalanes, una autoridad que “han asumido a través de las urnas y de la democracia”, ha expuesto.

Fuente: http://www.elmundo.es, http://www.elconfidencial.com, Agencias

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