El Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama) concedió esta semana la licencia de instalación para la construcción de la polémica hidroeléctrica de Belo Monte, que será la tercera más grande del mundo e inundará 516 kilómetros cuadrados de selvas en la Amazonía.

“La concesión fue marcada por un consistente análisis técnico e incluyó exigencias que garantizan ganancias sociales y ambientales”, informó el Ibama en un comunicado.

Cuestionado por todos

La licencia de instalación permite que el consorcio responsable de la construcción, que costará 10.600 millones de dólares, emprenda las obras en el cauce del río Xingú en el municipio amazónico de Altamira, perteneciente al estado de Pará.

La licencia fue concedida aunque el proyecto, que el Gobierno considera prioritario y que se niega a paralizar pese a numerosas protestas, ha sido cuestionado hasta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), que llegó a pedir la paralización de las obras hasta que se constate su real impacto ambiental y social.

Grupos de indios y campesinos que viven en la zona han denunciado que las obras desplazarán a unas 50.000 personas que residen en áreas que serán inundadas y a las que el Gobierno todavía no ha ofrecido alternativas.

“Daño irreparable”

Las organizaciones ecologistas, por su parte, alegan que la represa de Belo Monte causará un daño “irreparable” al ecosistema de la región y pondrá en riesgo la subsistencia de la rica fauna del Xingú, uno de los afluentes del río Amazonas.

En febrero del año pasado una licencia previa del Ibama condicionó la construcción a 40 exigencias que los responsables tenían que cumplir antes de comenzar las obras y que fueron verificadas el mes pasado. El Ibama tendrá que conceder aún la licencia de operación, que está condicionada al cumplimiento de todas las exigencias ambientales incluidas en la autorización anunciada el pasado miércoles.

Entre las condiciones de la licencia de instalación destaca la garantía de una corriente de agua en el río Xingú que sea suficiente para garantizar la supervivencia de los ecosistemas y de los modos de vida de las poblaciones que viven en la región.

Promesas

La posibilidad de una sequía en la llamada vuelta grande del río, un trecho del Xingú en forma de semicírculo, es el mayor temor de los grupos de indios, biólogos y ecologistas que critican el proyecto. Otra exigencia, según el comunicado del Ibama, es la implantación de programas de salud, educación, saneamiento y seguridad pública prometidos por el consorcio en un acuerdo con las alcaldías de la región.

El consorcio también se comprometió a cooperar con el Ibama en proyectos para mejorar la fiscalización ambiental en la región y combatir la tala ilegal y el tráfico de animales silvestres. Igualmente prometió invertir 100 millones de reales (50 millones de dólares) en proyectos de conservación de la cuenca del Xingú como “compensación ambiental”.

Fuente: EFE, Agencias